Por presuntamente utilizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con fines electorales y «por el ataque a instituciones democráticas, como la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación» (TEPJF), el ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea solicitará un juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña, respaldado por Morena.
«Sí es inédita la presentación de una denuncia de juicio político contra el titular de la presidencia de la Corte, pero también es inédito abrir un procedimiento de investigación contra un expresidente de la Corte, filtrarlo de manera masiva a todos los medios y abrir una ‘cacería de brujas’. Hay cuatro jueces que se van a investigar, el único delito es que votaron a favor del gobierno del presidente López Obrador», dijo.
Este martes, el ministro en retiro acudió a la conferencia de prensa que organizó el líder nacional de Morena, Mario Delgado, para dar a conocer diversos recursos legales que se interpondrán contra la ministra Norma Piña.
Entre éstos destaca una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito contra la administración de justicia, una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y una más ante el Consejo de la Judicatura Federal por la presunta filtración de la investigación en su contra.
Otra denuncia la presentará ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por la filtración del acuerdo admisorio de la investigación iniciada en su contra, al argumentar que se violó su derecho a la reserva de datos personales y se afectó su derecho a la presunción de inocencia.
Zaldívar Lelo de Larrea anunció también que interpondrá un recurso legal contra la ministra Norma Piña ante la SCJN por coaccionar y amenazar a los magistrados del TEPJF «para reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida» en su contra.
«Todas estas acciones, quiero dejar claro, no buscan y no tienen un ánimo, como sí tiene el de ellos, de revancha, de venganza, no, no. Simplemente es la legítima defensa ante el uso faccioso de una institución tan importante como la Corte y el Poder Judicial.
«Y es importante que la sociedad sepa, la gente sepa, el pueblo sepa lo que están haciendo en la Corte, pero también que con este actuar se han violado distintos preceptos legales y que sea la Fiscalía, que sea el INE, en fin, en su momento la Cámara de Diputados, los que decidan», dijo.
Delgado indicó que su partido va a respaldar la solicitud de Zaldívar para someter a la ministra Piña Hernández a juicio político y aseguró que su actuación al frente de la Suprema Corte está provocando la descomposición del Poder Judicial de la Federación, por lo que ahora «huele a tepache» la impartición de justicia en México.
El también coordinador general de campaña de Claudia Sheinbaum señaló que la derecha dirige la guerra sucia contra el ministro en retiro debido a que se sumó al equipo de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia.
«La derecha ahora tiene una nueva coordinación de campaña: la ministra presidenta de la Suprema Corte. La ministra Piña se ha convertido ya en la jefa de la guerra sucia de la candidata del PRI y del PAN. Entonces, vamos a denunciar lo que están haciendo: el uso de la Corte como parte del brazo de la guerra sucia de la derecha», dijo.
Añadió que nunca el Poder Judicial había «llegado a ese nivel de degradación, que se esté utilizando a la Corte con fines electorales. Lo hicieron en tiempos del desafuero y hoy, nuevamente, quieren meter a la Corte. No cabe duda que algo huele mal en la Corte, se está echando a perder. Ya hasta huele a tepache. Tenemos que evitar esta descomposición y por eso urge la reforma que vamos a lograr con la mayoría en el Congreso».
Proceso paso a paso
Un ministro de la Suprema Corte sí puede ser objeto de juicio político, pero…
El artículo 110 de la Constitución prevé que los integrantes de la Corte pueden ser sujetos a juicio político en su contra.
Para que proceda, se deben comprobar actos u omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
*Entre dichas causales destacan el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal.
*También, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad de sufragio y la usurpación de atribuciones», entre otras causales graves.
La denuncia deberá apoyarse en pruebas o elementos para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del denunciado.
La denuncia deberá presentarse ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados y ratificarse dentro de los tres días naturales siguientes a su presentación.
Ratificado el escrito, la Oficialía Mayor lo turnará a la Sección Instructora, que en un plazo no mayor a 30 días hábiles determinará si la denuncia contiene elementos para proceder o no.
Transcurridos los alegatos, la Sección Instructora formulará si procede o no el juicio en un plazo máximo de 60 días.
De proceder, Diputados se erigirá en órgano de acusación y resolución, y deberá ser avalado por mayoría simple.
Avalada, la acusación pasará al Senado que fungirá como Jurado de sentencia, cuya decisión debe avalarse con dos terceras partes.