Preocupación de la ONU por amenazas a jueces en México

Por Redacción AAMX
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Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador dirigidos a jueces, advirtiendo que podrían conducir a «hostigamientos y abusos».

A través de su cuenta en X, Satterthwaite manifestó su inquietud por el «presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar de ‘corruptos’ a ciertos operadores de justicia», lo cual podría influir en las decisiones judiciales mediante hostigamientos y abusos.

La relatora enfatizó que «un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no deben ser objeto de amenazas ni correr el riesgo de sufrir daños debido a su trabajo o al contenido de sus decisiones y sentencias independientes».

Satterthwaite expresó gran preocupación por el hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen públicamente a ciertos jueces como «corruptos» o «delincuentes» debido a sus decisiones judiciales, ya que tales funcionarios ejercen influencia sobre la percepción pública del Poder Judicial.

Subrayó que «es responsabilidad del Estado Mexicano proteger a jueces y magistrados para que trabajen con seguridad. Las autoridades deben proporcionar personal y recursos suficientes para su protección y no retirar las medidas de seguridad otorgadas».

Reconoció que «la corrupción judicial es un tema grave», pero defendió que «los esfuerzos para prevenir y sancionar estos actos deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso. Las acusaciones públicas por parte de funcionarios ejecutivos no son un método efectivo para combatir la corrupción, sino que, por el contrario, amenazan con influir indebidamente en el personal judicial».

Satterthwaite remitió a una carta enviada al gobierno de López Obrador el 16 de abril de 2024, solicitando atención urgente a las denuncias sobre «la presunta intimidación de jueces y presunta injerencia en la independencia judicial a través de ataques verbales, incluyendo amenazas, provenientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno».

La carta señala directamente al presidente López Obrador, a legisladores de Morena y a la Fiscalía General de la República de haber «agredido verbalmente y amenazado a jueces que emiten resoluciones con las cuales estarían aparentemente en desacuerdo».

Mencionó casos como el del juez Eduardo Alberto Osorio Rosado, a quien el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana acusó de «favorecer a delincuentes» sin proporcionar contexto ni explicar los razonamientos jurídicos de Osorio en sus decisiones.

Satterthwaite indicó que los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Samuel Ventura Ramos y las juezas Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo y Soyla Rosa Cárdenas Bahena se encuentran en situaciones similares.

La relatora solicitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador información sobre las acusaciones y las medidas adoptadas para garantizar la exactitud de los señalamientos contra los jueces, especialmente en las conferencias mañaneras. Pidió una respuesta en un plazo de 60 días, indicando que esta comunicación y cualquier respuesta recibida se harán públicas a través del sitio web de informes de comunicaciones y posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.

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