Durante la presentación del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento, especialistas internacionales coincidieron en que si se busca erradicar a los cárteles en México, es indispensable atacar primero sus redes de lavado de dinero. Aseguraron que casos como los de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa evidencian cómo el país se ha convertido en un canal financiero clave para organizaciones criminales.
Además, alertaron que México carece de un programa de seguridad nacional diseñado para la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pablo Herrera, representante en México de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, advirtió que la corrupción y el crimen organizado están profundamente entrelazados, al grado de que no pueden abordarse por separado. Subrayó que existe una estructura institucional corrompida e infiltrada por redes delictivas, lo que ha permitido la consolidación de esquemas de protección, lavado de dinero y circulación de recursos ilegales.
Herrera afirmó que México se encuentra en el centro de operaciones macrocriminales con alcance transnacional, donde cárteles con estructuras terroristas, según la clasificación de Estados Unidos, han extendido su influencia más allá del tráfico de drogas. Estas organizaciones, indicó, están presentes en mercados globales y utilizan la corrupción y la violencia para desestabilizar a diferentes países.
Señaló que, para debilitarlas, no basta con decomisar cargamentos o detener a líderes visibles, pues estas acciones no afectan la raíz de sus operaciones. Lo que realmente desarticula a estos grupos, puntualizó, es el desmantelamiento de su infraestructura financiera y sus redes de lavado de dinero.
En su participación, Manuel Balcázar, exdirector general para la seguridad nacional en la Presidencia, criticó que desde hace 18 años no se ha logrado construir una estrategia integral para combatir este fenómeno, a pesar de que han gobernado tres partidos distintos. Consideró que la creación del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su Financiamiento llega en un momento crucial, ya que aún no existe un plan definido de seguridad nacional para el periodo 2024-2030.
Yuridia Rodríguez, directora de Perfilación Criminal del Centro Nacional, destacó que su labor se enfocará en identificar patrones de comportamiento terrorista y analizar el discurso de las organizaciones criminales. Aseguró que, aunque México no enfrenta una amenaza tradicional con ideologías radicales como en otros países, el riesgo es elevado debido a la capacidad de violencia de ciertos grupos, los cuales han sustituido la ideología con narrativas culturales normalizadas.
Explicó que en México la ideología del narco se ha popularizado a través de la música y los medios, generando un fenómeno de consumo masivo que propicia la aparición de individuos violentos inspirados por esta cultura. Advirtió que este tipo de terrorismo no requiere líderes como Osama Bin Laden para representar una amenaza significativa.
Agregó que América enfrenta dos grandes riesgos: el del extremismo ideológico yihadista, y el crecimiento del crimen organizado con capacidad terrorista.
Por su parte, Gustavo Martínez, presidente del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, consideró esencial una estrategia de inteligencia coordinada entre instituciones nacionales e internacionales. Destacó que el nuevo centro representa un eje de acción ética y estratégica que puede beneficiar no solo a México, sino a toda la región.
Gerardo Nóchez, director general del centro, subrayó que esta iniciativa fue concebida para responder a la complejidad del entorno actual. Detalló que el centro funcionará como una entidad de análisis e inteligencia con visión operativa, más allá del ámbito académico, enfocada en generar conocimiento práctico para combatir amenazas reales.
Finalmente, Mauricio Heisen, encargado de Prospectiva Antiterrorista del Centro Nacional, explicó que su labor incluirá el monitoreo de tendencias, la detección de amenazas emergentes y el análisis de nuevos métodos de ataque, como los ciberataques, el uso de inteligencia artificial y drones. También analizarán la posibilidad de impulsar reformas legales que actualicen los marcos normativos en materia antiterrorista, atendiendo los vacíos legislativos detectados en la región.
