La legisladora federal Fuensanta Guerrero presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con el objetivo de abordar la crisis de desapariciones en México, que alcanza alrededor de 125 mil casos, la mayoría ocurridos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Guerrero, quien es parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y representa a Zacatecas, destacó la necesidad de una respuesta pronta y efectiva ante las desapariciones, ofreciendo a las colectivas de buscadoras herramientas y facilidades para localizar a sus seres queridos. La propuesta también incluye la consideración de criterios específicos para establecer la presunción de un delito, tales como ser menor de 18 años, mujer, persona con discapacidad, adulta mayor, o pertenecer a comunidades indígenas, afromexicanas o LGBTTTIQ+.
En cuanto a la reforma de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, Guerrero propone varios cambios importantes. En los Artículos 1 y 4, sugiere reducir de 6 meses a 90 días el plazo para emitir la declaración especial de ausencia desde el inicio del procedimiento. También propone que el plazo para solicitar la declaración se reduzca de 3 meses a 30 días después de la denuncia de desaparición (Artículo 8), y acortar de 15 a 3 días hábiles el tiempo para que el órgano jurisdiccional dicte medidas provisionales y cautelares tras la presentación de la solicitud (Artículo 16).
En cuanto a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la legisladora propone una serie de modificaciones a los artículos relacionados con los protocolos de búsqueda. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra un plazo de no más de tres días hábiles para que el Ministerio Público remita la investigación (a solicitud de la víctima), con la correspondiente sanción por retrasos u omisiones. Además, se establece un programa para evaluar los riesgos de desapariciones y garantizar que el personal calificado esté disponible para estos casos.
Por último, Guerrero resalta la obligación de los tres niveles de gobierno de asegurar el presupuesto necesario para la búsqueda de personas desaparecidas, buscando una mayor efectividad en las acciones emprendidas por las autoridades en la materia.
