La petición de juicio político promovida contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dejó de tener validez formal luego de que venciera el periodo establecido para ratificar el recurso presentado ante la Cámara de Diputados.
La información fue confirmada por la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Kenia López Rabadán, quien explicó que los promoventes —diputados de Morena en el Congreso de Chihuahua— disponían de un plazo de tres días para validar oficialmente la solicitud.
La legisladora panista señaló que, al no cumplirse con ese procedimiento, el proceso ya no cuenta con existencia legal dentro de la Cámara baja, por lo que actualmente no existe una solicitud vigente de juicio político contra la mandataria estatal.
López Rabadán expresó además su respaldo a Maru Campos durante un evento realizado en Chihuahua, donde afirmó que su partido mantiene apoyo a la gobernadora y defendió su administración frente a los señalamientos recientes.
Durante sus declaraciones, la diputada contrastó los esfuerzos en materia de seguridad con las acusaciones relacionadas con presuntos vínculos del crimen organizado, y cuestionó comparaciones entre la situación de Chihuahua y la de otras entidades del país.
Al acto acudieron también figuras del Partido Acción Nacional, entre ellas los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, además del dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera.
La controversia en torno al gobierno estatal se intensificó tras un operativo efectuado el 18 de abril de 2026, cuando elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), en coordinación con agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aseguraron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
Horas después del operativo, un accidente vehicular registrado en la Sierra Tarahumara cobró la vida de dos agentes vinculados a la CIA y dos integrantes de la fiscalía estatal, hecho que provocó atención a nivel nacional y derivó en distintas reacciones políticas y judiciales.
Entre las consecuencias del caso se encuentran la salida del entonces fiscal estatal César Jáuregui, el impulso de acciones políticas contra la administración chihuahuense, movilizaciones convocadas por Morena en defensa de la soberanía nacional y llamados de la Fiscalía General de la República para rendir declaraciones.
Según información dada a conocer por la FGR, en el sitio intervenido fueron asegurados decenas de miles de litros de sustancias químicas utilizadas como precursores, alrededor de dos mil litros de metanfetamina, equipo para la producción de narcóticos sintéticos, cilindros de gas y diversos contenedores empleados en la operación del laboratorio.
El contexto del caso también coincidió con investigaciones y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas en otras entidades del país, particularmente en Sinaloa, donde autoridades estadounidenses y mexicanas han impulsado diversas indagatorias.
