Agentes federales comenzaron a operar en Nueva Orleans, Luisiana, con el objetivo de arrestar a inmigrantes acusados de delitos graves, provocando protestas y el cierre temporal de varios negocios en zonas con alta población hispana. Los operativos, que incluyen más de 200 oficiales de CBP e ICE, forman parte de la agenda de deportación del gobierno de Donald Trump y buscan detener al mayor número posible de personas durante al menos 60 días.
El despliegue incluyó patrullajes en vehículos con y sin matrícula, incursiones en suburbios y la detención de individuos frente a comercios locales. Los residentes reportaron escenas de agentes rodeando casas, persiguiendo a personas en calles y estacionamientos, mientras la comunidad se prepara ante la presencia constante de oficiales. Algunos negocios, incluyendo restaurantes y tiendas, cerraron temporalmente o colocaron avisos prohibiendo la entrada de agentes de inmigración.
El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, afirmó que la operación se centra en inmigrantes con antecedentes penales graves y anunció que la Guardia Nacional se unirá al operativo para reforzar la seguridad. Las autoridades federales aseguran que la operación apunta a capturar a personas liberadas tras arrestos por delitos como allanamiento, robo a mano armada y violación.
Organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes han denunciado el impacto de la operación y de nuevas leyes estatales que amplían los delitos por interferir en la aplicación de la ley migratoria, argumentando que esto limita su capacidad de ofrecer orientación legal y de informar a la comunidad sobre sus derechos.
