Las recientes redadas migratorias en Estados Unidos han desatado un debate sobre la legalidad de los arrestos en hogares y negocios privados. La tensión se intensifica a medida que el gobierno de Donald Trump aumenta las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, a menudo en presencia de manifestantes y enfrentamientos.
El núcleo del conflicto radica en la diferencia entre órdenes administrativas y judiciales. Las órdenes administrativas, emitidas por autoridades de inmigración, autorizan el arresto de un individuo, pero no permiten ingresar a la fuerza a una propiedad privada sin consentimiento. En cambio, las órdenes judiciales, firmadas por jueces, sí facultan a los agentes a entrar a hogares o negocios para ejecutar un arresto.
Expertos advierten que muchos arrestos recientes, incluidos algunos en Minneapolis, se han hecho con órdenes administrativas, lo que legalmente permite a los residentes negar la entrada a los agentes. Existen excepciones limitadas, como peligro inmediato o persecución activa, pero no aplican en redadas rutinarias de inmigración.
Activistas y abogados destacan que los arrestos ilegales pueden generar responsabilidad para los agentes, pero en los tribunales de inmigración, la evidencia obtenida de manera irregular suele ser aceptada, lo que limita los recursos legales de los detenidos y aumenta el riesgo de deportación rápida.
Ante esta situación, grupos de derechos de inmigrantes han impulsado campañas de “conozca sus derechos”, informando a la población sobre sus protecciones constitucionales, cómo verificar la validez de las órdenes y cuándo pueden negar el ingreso a agentes federales. Estas iniciativas buscan educar a los inmigrantes sobre las limitaciones legales de las redadas y cómo proteger su derecho a la privacidad.
