El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está listo para promulgar la controversial reforma constitucional que transformará el Poder Judicial, permitiendo que los jueces sean elegidos mediante votaciones. Esto ocurre tras la aprobación de la mayoría de los 32 estados del país.
López Obrador ha anunciado que la reforma será publicada en el Diario Oficial de la Federación este domingo, coincidiendo con las celebraciones de la independencia de México, con lo que busca dejar esta medida como parte de su legado antes de concluir su mandato el 30 de septiembre.
Para que una reforma constitucional entre en vigor, necesita ser ratificada por al menos 17 estados. Hasta el jueves, 20 estados, incluyendo Ciudad de México, ya habían dado su aprobación.
La iniciativa, que ha generado una gran polémica por el riesgo de politizar el sistema judicial y afectar la democracia, fue aprobada en el Senado tras una sesión marcada por tensiones, manifestaciones y acusaciones de manipulación de votos. El oficialismo obtuvo el voto necesario gracias al cambio de postura de un senador opositor.
Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del Partido Acción Nacional (PAN), fue expulsado de su partido junto con su padre, el exgobernador Miguel Ángel Yunes, y otra diputada que respaldó la reforma. El PAN anunció que llevará la impugnación de la medida a la Suprema Corte de Justicia.
El máximo tribunal del país, que había suspendido sus actividades en solidaridad con los jueces y trabajadores judiciales en protesta por la reforma, informó que retomará su trabajo el próximo martes.
Aunque existen recursos judiciales para detener la reforma por supuestas irregularidades en su proceso, los expertos consideran que será difícil frenar su implementación. Algunos creen que podría ser impugnada por contravenir acuerdos internacionales que garantizan una justicia imparcial e independiente.
López Obrador ha mantenido una relación tensa con el Poder Judicial, acusándolo de bloquear sus principales reformas. Él sostiene que esta medida ayudará a combatir la corrupción al facilitar las sanciones contra magistrados.
No obstante, los críticos, entre ellos los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, argumentan que la reforma amenaza la independencia judicial y socava el sistema de contrapesos del gobierno, generando incertidumbre entre los inversores. También advierten que podría permitir la entrada de jueces sin experiencia y la manipulación política de las decisiones judiciales.
Esta reforma judicial es la primera de una serie de modificaciones constitucionales que López Obrador tiene previstas, incluyendo la eliminación de organismos autónomos que ejercen control sobre el Ejecutivo.
