La reforma al Poder Judicial, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, ha suscitado fuertes críticas por parte de jueces, magistrados y especialistas, quienes señalan inconsistencias que podrían comprometer seriamente la impartición de justicia en México. Uno de los puntos más controvertidos es la introducción de juzgadores electos por voto popular, una medida que, según los expertos, amenaza la independencia judicial y abre la puerta a influencias indebidas por parte de actores políticos, económicos y del crimen organizado.
Entre los problemas identificados, un grupo de juzgadores detectó al menos 30 fallas en la reforma. Resaltan preocupaciones sobre la falta de imparcialidad y legitimidad de los jueces electos, quienes podrían carecer de los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar sus funciones. Asimismo, advierten sobre el riesgo de destituciones arbitrarias, costos exorbitantes para implementar el modelo y la creciente vulnerabilidad del sistema judicial ante poderes fácticos.
La magistrada Julia García González, del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Segundo Circuito en Naucalpan, expresó que esta reforma elimina la posibilidad de tener jueces independientes. Señaló que los comités de evaluación que seleccionarán a los candidatos carecen de garantías de imparcialidad, lo que podría dar como resultado jueces comprometidos con los intereses de quienes facilitaron su acceso al cargo.
Otro tema crítico es el perfil de los futuros juzgadores. Según García González, la eliminación del sistema de carrera judicial podría permitir que personas con escasa preparación o experiencia ocupen posiciones clave en el sistema de justicia. Esto, advirtió, perjudicaría a la ciudadanía al limitar la calidad y prontitud en la resolución de los casos.
Los especialistas insisten en preservar la carrera judicial, un modelo que permite la formación gradual y especializada de los juzgadores, garantizando así un sistema de justicia profesional y confiable. En contraste, la reforma pone en riesgo la construcción de un sistema imparcial y eficiente, sometiéndolo a intereses externos que podrían socavar la confianza pública en las instituciones judiciales.
