Desde Bogotá, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, hizo un llamado a los gobiernos del mundo para suspender todo tipo de relación con Israel —militar, política, diplomática y económica— como respuesta a lo que calificó como graves violaciones a los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.
Durante la apertura de una conferencia ministerial organizada por el Grupo de La Haya en la capital colombiana, Albanese urgió a los Estados participantes a revisar sus vínculos con el gobierno israelí e instó también al sector privado —bancos, universidades y cadenas de suministro— a tomar medidas similares. “Estos vínculos deben terminarse con urgencia”, enfatizó.
Albanese, quien ha sido sancionada por Estados Unidos tras denunciar públicamente los abusos cometidos en territorio palestino, también presentó un informe donde señala a diversas empresas estadounidenses por su presunta participación en la ocupación y operaciones militares de Israel en Gaza.
El Grupo de La Haya, conformado por países como Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, busca impulsar acciones jurídicas y diplomáticas para detener la ocupación israelí y apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado soberano. A la conferencia también asistieron delegaciones de otros países como Chile, Brasil, Venezuela y Turquía.
La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, declaró que la situación en Palestina no puede considerarse una tragedia fortuita, sino un sistema de exclusión y ocupación que debe ser enfrentado por la comunidad internacional. Agregó que el encuentro busca respaldar las investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Israel y proponer sanciones concretas en el marco del derecho internacional.
Por su parte, Zane Dangor, representante de Sudáfrica, afirmó que la transferencia de armas a las partes involucradas en el conflicto debe cesar de inmediato. También exigió que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Sudáfrica presentó una denuncia por genocidio contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Este tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant, y el líder de Hamás Mohamed Deif, quien presuntamente fue abatido por las fuerzas israelíes. Israel, que no reconoce la jurisdicción de la CPI, ha rechazado todas estas acciones legales.
El gobierno sudafricano ha comparado la situación que vive el pueblo palestino con el apartheid que vivió su país, una comparación que ha sido categóricamente rechazada por las autoridades israelíes.
