A 15 meses de asumir el cargo como Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez presentó su renuncia en medio de un contexto marcado por una intensa guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, que en los últimos tres meses ha dejado un saldo de 612 muertos y 740 desaparecidos. Su dimisión se suma a la reciente renuncia del titular del C4i, Antonio Cortés Sánchez, quien fue sustituido por Jesús Miguel Sánchez Figueroa.
El secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, evitó comentar sobre los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública, señalando que estas decisiones corresponden al gobernador Rubén Rocha Moya. Sin embargo, se anunció que el general de brigada Óscar Rentería Schazarino, quien comandaba la 43 Zona Militar en Michoacán, asumirá la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. El gobernador agradeció el respaldo de Claudia Sheinbaum, del general Ricardo Trevilla y de Omar García Harfuch en este nombramiento.
La renuncia de Mérida Sánchez se produce en un momento crítico, con más de 100 días de enfrentamientos entre «Los Chapitos» y «La Mayiza», facciones del Cártel de Sinaloa enfrentadas tras la supuesta entrega de Ismael «El Mayo» Zambada por parte de los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
En paralelo, la violencia sigue sacudiendo la entidad. En Culiacán, dos adolescentes fueron privados de su libertad luego de ser atacados a balazos mientras viajaban en un vehículo de lujo por la avenida Eldorado. Una de las víctimas fue identificada como Valeria «N», de 16 años. En la misma ciudad, cerca de la comunidad La Limita de Itaje, un hombre no identificado murió en un enfrentamiento con fuerzas federales.
En Navolato, frente al Colegio de Bachilleres de Sinaloa en la sindicatura de San Pedro, fue hallado el cuerpo de un hombre atado de pies y manos, con evidentes huellas de violencia. Las autoridades aseguraron el área en espera de que la Fiscalía General del Estado realizara las diligencias correspondientes.
La crisis de seguridad en Sinaloa evidencia la complejidad del panorama actual, con disputas criminales y desafíos significativos para las autoridades estatales y federales.