El gobierno de México expresó su inconformidad tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que bloqueó la demanda por 10 mil millones de dólares presentada contra varias compañías estadounidenses fabricantes de armas. La denuncia señalaba que estas empresas contribuyen de manera indirecta a la violencia provocada por los cárteles al permitir el flujo de armas hacia México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que esta resolución revoca la aceptación previa de la demanda por parte de la Corte de Apelaciones, y que el caso será devuelto al tribunal de distrito para que continúe conforme a lo indicado por la Corte Suprema.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta su firme desacuerdo con esta decisión y reitera que México continuará utilizando todos los mecanismos legales y diplomáticos a su disposición para frenar el tráfico ilegal de armas”, señaló la Cancillería, encabezada por Juan Ramón de la Fuente.
Las autoridades mexicanas consideran que han presentado pruebas suficientes que evidencian el daño causado por estas compañías, y reiteraron su intención de seguir insistiendo en que deben asumir responsabilidad por facilitar el armamento que termina en manos del crimen organizado.
La Corte estadounidense basó su resolución en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad a los fabricantes frente a demandas que busquen responsabilizarlos por el uso indebido de sus productos. El fallo aclara que no se comprobó que las empresas facilitaran o ayudaran activamente en el tráfico ilegal de armas, aunque la Corte no se pronunció sobre otro de los argumentos clave: el de la relación directa entre las acciones de las empresas y el daño sufrido por México.
Esta demanda fue presentada originalmente en agosto de 2021 en un tribunal de Boston, Massachusetts. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito había determinado que México había planteado con suficiente sustento que los fabricantes facilitaron el ingreso ilegal de armas a territorio nacional.
La Cancillería mexicana subrayó que este revés judicial no afecta el avance de una segunda demanda interpuesta en 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Ambas acciones legales han contribuido, según el gobierno, a visibilizar internacionalmente el problema del tráfico de armas hacia México.
Asimismo, destacaron que este tema ha sido llevado también al ámbito multilateral, particularmente con la resolución 2616 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2021. México está ahora a la espera de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el asunto.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que se analizará con detenimiento la decisión emitida por la Corte Suprema estadounidense. “Son dos juicios, vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, declaró.
