San Luis Potosí fue identificado como uno de los estados donde operaba la red de contrabando de combustible desmantelada por la Fiscalía General de la República (FGR), considerada por las autoridades como la más grande detectada hasta el momento.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, presentó los avances de la investigación y explicó que la organización presuntamente utilizaba una compleja estructura empresarial, financiera, aduanera y logística para introducir combustible de manera ilegal al país, en un esquema que también habría favorecido la evasión fiscal y el financiamiento de grupos delictivos.
De acuerdo con la FGR, el combustible era importado desde refinerías de Texas, Estados Unidos, mediante declaraciones falsas. Las empresas involucradas reportaban únicamente el 10 por ciento de la capacidad de los ferrotanques o registraban la carga como otros productos para reducir el pago de impuestos.
Una vez en México, el hidrocarburo era transportado por ferrocarril hasta espuelas ferroviarias, donde se descargaba sin los permisos correspondientes para posteriormente ser distribuido en pipas y tractocamiones hacia distintos estados del país.
La investigación estima que el daño ocasionado a la Hacienda Pública supera los 4 mil millones de pesos.
Además de San Luis Potosí, la red tenía presencia en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Durango, Zacatecas y la Ciudad de México.
Durante la presentación del caso, la fiscal también señaló que la investigación involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y que hasta el momento se han identificado 25 objetivos de investigación, así como personal vinculado con agencias aduanales.
