Después de casi dos décadas en prisión, Juana Hilda González Lomelí fue liberada este miércoles tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que las pruebas usadas para sentenciarla fueron obtenidas mediante tortura. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala del máximo tribunal le concedió un amparo liso y llano que anula su condena de más de 78 años de cárcel.
La mujer había sido condenada por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, fallecida en marzo de este año. Su liberación se concretó la noche del miércoles en el penal femenil de Morelos.
La defensa estuvo a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública, que impugnó la sentencia dictada en 2011 por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. En 2022, la Suprema Corte decidió ejercer su facultad de atracción para revisar el caso y hoy ha resuelto a favor de la imputada.
De acuerdo con la acusación inicial de la extinta Procuraduría General de la República, González Lomelí habría atraído a Hugo Wallace a su domicilio en la Ciudad de México con el pretexto de una relación sentimental. Ya en el lugar, otros implicados —entre ellos César Freyre Morales, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz— lo habrían secuestrado y asesinado.
La detención ocurrió en enero de 2006 tras una investigación de la entonces Agencia Federal de Investigación, encabezada por Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por otros delitos.
La resolución de la Corte no valida ni invalida los hechos, sino que se centra en la ilegitimidad de las pruebas recabadas, al comprobarse que fueron obtenidas bajo tortura. El caso se suma a una creciente lista de procesos judiciales revisados por violaciones graves al debido proceso en el sistema penal mexicano.
