La desaparición de diez trabajadores de una mina en la sierra del municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa, ha dejado al descubierto el clima de violencia que persiste en la región y ha generado preocupación entre habitantes y especialistas, quienes cuestionan los resultados de la estrategia de seguridad federal. El hecho ocurrió cerca de la comunidad de Pánuco, donde el grupo fue privado de su libertad a finales de enero; posteriormente, cinco de ellos fueron hallados sin vida.
En al menos una docena de comunidades serranas, el desplazamiento de familias ha sido constante debido al temor generado por los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado que disputan el control territorial desde 2024. Habitantes señalan que muchos pobladores abandonaron sus hogares para resguardarse, mientras que otros se vieron obligados a irse bajo amenazas.
Los trabajadores pertenecían a una mina operada por la empresa canadiense Vizsla Silver, cuya actividad fue suspendida previamente por motivos de seguridad. Este suceso no solo incrementó la incertidumbre entre los residentes, sino que también provocó cuestionamientos hacia el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recientemente había destacado una reducción en los índices de homicidio como resultado de las acciones implementadas contra la delincuencia organizada.
Tras conocerse el caso, el gobierno federal desplegó operativos adicionales en la zona, con participación de fuerzas armadas y autoridades de seguridad, incluyendo la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Estas acciones derivaron en algunas detenciones y en el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas, entre ellos los de varios mineros reportados como desaparecidos.
No obstante, pobladores y activistas aseguran que la presencia de más elementos de seguridad no ha logrado devolver la tranquilidad a la región. Organizaciones civiles que acompañan a personas desplazadas denuncian que persiste el temor y la sensación de abandono, mientras continúan los enfrentamientos entre grupos criminales.
La violencia también ha afectado otras actividades económicas del país, como la minería, que durante años ha sido blanco de extorsión y otros delitos por parte de organizaciones criminales. Ante este panorama, el gobierno federal anunció que mantendrá comunicación con empresas del sector para reforzar medidas de protección.
En paralelo, colectivos de búsqueda han intensificado sus labores en comunidades cercanas, donde recientemente se localizaron diversas fosas clandestinas. Familiares de personas desaparecidas continúan acudiendo a estos sitios con la esperanza de encontrar respuestas, en medio de un contexto marcado por la incertidumbre y el impacto social de la violencia.
Además, en zonas cercanas a Mazatlán se han registrado otros casos recientes de desapariciones y secuestros, lo que ha reforzado la preocupación de la población y evidenciado los retos que enfrentan las autoridades para restablecer la seguridad en la entidad.
