María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó este día que la dependencia presentó una denuncia penal contra Grupo México por el presunto incumplimiento de la remediación ambiental por la contaminación ocasionada por un derrame de sus filiales en el Río Sonora.
Albores González detalló que el 17 de agosto pasado la Semarnat hizo una denuncia penal contra Grupo México porque no ha cumplido con la remediacion ambiental, y rechazó que el derrame de 40 mil metros cúbicos de metales sea un accidente, sino una «negligencia de construcción».
«Somos contundentes como Semarnat. Nosotros ya estamos en una acción penal contra Grupo México porque no aceptamos lo que dicen de que ya remediaron. […] El medio ambiente sigue contaminado, hay gente enferma», afirmó en conferencia de prensa.
La Secretaria explicó que las causas del derrame fueron fallas en la Presa Poniente del sistema de lixiviación que derramaron fluidos tóxicos que se desviaron hacia en Río Sonora, lo que evidenció una negligencia en el diseño hidrológico del sistema.
Asimismo, detalló que la contaminación ocasionada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre persiste en los ocho municipios que abarca el río: Arizpe, Banámichi, Huépec, San Felipe de Jesus, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo.
Nueve años después de un gigantesco derrame de aguas residuales de una mina de cobre en el estado mexicano de Sonora, algunas comunidades continúan sufriendo «alarmantes» niveles de contaminación en el suelo, el aire y el agua, dijo la Secretaría del Medio Ambiente el 29 de septiembre pasado.
Al sintetizar un informe de 239 páginas, las autoridades también confirmaron, mediante imágenes satelitales, que el derrame no se debió solamente a las fuertes lluvias como se informó inicialmente, sino al «diseño deficiente» de una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México.
Habitantes y activistas ambientales dicen que el informe ofrece el panorama más claro a la fecha sobre la escala catastrófica del accidente y, con él, una nueva esperanza de que al Grupo México finalmente lo obliguen a asumir sus responsabilidades financieras después de casi una década de enfrentamientos judiciales y promesas incumplidas.
El 6 de agosto de 2014, después de unas fuertes lluvias, 40 millones de litros de aguas residuales con sulfato de cobre acidificado se desbordaron desde un depósito de relaves en la mina de Buenavista hasta los ríos Sonora y Bacanuchi, a poco menos de 100 kilómetros de la ciudad de Nogales, Sonora, fronteriza con Estados Unidos.
Tras el derrame, en un principio el Grupo México aceptó aportar mil 200 millones de pesos (unos 68 millones de dólares) a un fideicomiso de reparación, pero en 2017 ese fondo fue cerrado y los recursos restantes regresaron a la compañía minera, según PODER. Después de una batalla en tribunales, el fideicomiso fue reabierto tres años después, pero sin nuevos recursos, dijo Luis Franco, coordinador comunitario en el grupo activista regional PODER.
«Nosotros en esta institución no aceptamos como cerrado dicho fideicomiso», dijo Albores González.
En otro informe difundido este año, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático calculó el costo total del derrame en 20 mil millones de pesos (mil 100 millones de dólares), cantidad que rebasa en más de 16 veces el fideicomiso original.
GRUPO MÉXICO RECHAZA INFORME
El pasado 4 de octubre, Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota Velasco, rechazó la validez del estudio de la Semarnat donde se señala a la minera por mantener pendiente la remediación ambiental de los ríos Sonora y Bacanuchi, a nueve años del derrame sobre sus aguas de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre.
A través de un comunicado, la empresa minera aseguró que, tanto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) —organismos que llevaron a cabo las muestras en sitios de la cuenca del Río Sonora—, «carecen de facultades» para dicho propósito, pues la competencia real es de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) de la propia Semarnat, para recopilar las muestras de aguas superficiales, subterráneas y suelos, respectivamente.
«Los resultados que integran el documento difundido en días pasados, contradicen a los que a lo largo del tiempo han hecho públicos la Conagua y la Cofepris, los cuales están soportados por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y avalados por diversas instituciones», argumentó Grupo México, quien también señaló que los supuestos hallazgos de los muestreos presentados «carecen de cualquier nexo de causalidad» con los hechos ocurridos en 2014.
Los resultados acreditados por la EMA, prosiguió la minera, establecen que las condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas de los ríos Sonora y Bacanuchi son iguales a las que existían hasta antes del accidente de 2014.
«Los metales presentes en aguas superficiales, aguas subterráneas, suelos y sedimentos en estos ríos son iguales o inferiores a los valores de fondo existentes en la zona, es decir, a los niveles que ya existían antes del incidente», añadió.
De igual manera, resaltó que los estudios médicos, epidemiológicos y biológicos indicaron que «no existió riesgo ni daño a la salud en la población del Río Sonora como consecuencia del derrame», a lo que citó un estudio realizado por la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de Sonora, publicado en agosto de 2019, donde supuestamente no fue hallada evidencia de diferencia entre la morbilidad y mortalidad de dicha zona con el resto de la población del estado, entre 2000 y 2019.
GOBIERNO ALISTA PLAN
El pasado 4 de octubre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el Gobierno federal todavía no tiene un plan para los «alarmantes» niveles de contaminación en el suelo, el aire y el agua por el derrame de aguas residuales de una mina de cobre en Sonora, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, pero que en 15 días tendrán una propuesta para la empresa.
El mandatario señaló que sostendrá una reunión con María Luisa Albores, titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Gobernador Alfonso Durazo y autoridades municipales para disminuir la contaminación ocasionada por una presa en la mina Buenavista del Cobre, propiedad del mayor productor de ese metal en el país, el Grupo México.
«Vamos a tener una reunión para ponernos de acuerdo y también escuchar la opinión del Gobernador Durazo, autoridades municipales, para ver qué hacemos, qué es lo que se puede proponer a la empresa y cómo actuar legalmente. Todavía no tenemos un plan específico. Vamos a revisarlo y se va a informar aquí en, cuando mucho, 15 días ya tenemos una propuesta», dijo.
«Nada más es el dictamen sobre los daños causados y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces [en el sexenio de Enrique Peña Nieto] no sólo no fue suficiente, sino que ni siquiera se aplicó todo el recurso y no hay transparencia en el manejo de esos recursos», agregó.
