El Senado de la República aprobó, por unanimidad, una reforma a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a empleados de empresas estatales y órganos autónomos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) portar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones de seguridad.
Con 100 votos a favor y sin mayores discusiones, el dictamen fue aprobado y enviado al Ejecutivo Federal. En el documento se argumenta que la seguridad de áreas estratégicas es una prioridad en el país. Según el proyecto, personal de organismos como la CFE, Pemex, el Banco de México, la Casa de Moneda, entre otros, podrá portar armas bajo las condiciones y requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La reforma modifica el artículo 24, fracción II de la ley, indicando que los trabajadores de ciertos organismos públicos podrán portar armas de fuego «en los casos y con las condiciones y requisitos que establece la misma ley y su reglamento». Además, la iniciativa prevé la ampliación de los calibres de armas y municiones que están reservados para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La reforma también incluye regulaciones sobre el transporte de armas de fuego por parte de competidores olímpicos entre sus hogares y campos de tiro, y establece un control más riguroso sobre las armas de fuego en manos de particulares, quienes deberán designar a una persona responsable del arma en caso de fallecimiento del titular.
Finalmente, se detallan los calibres considerados exclusivos para las Fuerzas Armadas, como el 5.7 x 28 milímetros, el .357 en sus diversas variantes y el 5.56 milímetros. Además, se incluirán sanciones para quienes porten y posean estas armas sin autorización. La reforma también regula el uso de accesorios como silenciadores, visores nocturnos, designadores láser y miras térmicas, al considerarlos elementos que mejoran la efectividad del armamento.
