El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que contempla multas de hasta 2.3 millones de pesos para empresas que realicen llamadas o comunicaciones comerciales de manera reiterada y sin autorización.
Con 96 votos a favor, el pleno avaló modificaciones a los artículos 18 Bis y 127 de la legislación, con las que se busca reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas de publicidad consideradas invasivas. La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.
La reforma establece sanciones económicas que van de 56 mil 570 pesos a poco más de 2 millones 345 mil pesos para los proveedores que incumplan las disposiciones relacionadas con el uso de información personal con fines mercadotécnicos y el envío de comunicaciones comerciales no autorizadas.
La propuesta también plantea prohibir las llamadas telefónicas y otros medios de comunicación con fines comerciales o publicitarios cuando se realicen de manera persistente y sin el consentimiento correspondiente del consumidor.
El nuevo esquema se incorporaría a las disposiciones que actualmente impiden enviar publicidad a personas que hayan manifestado expresamente su decisión de no recibirla o que estén inscritas en el registro establecido para evitar este tipo de comunicaciones.
Además, se mantiene la responsabilidad solidaria de los proveedores cuando recurran a terceros para realizar el envío de publicidad, por lo que las empresas podrían responder por las prácticas de quienes actúen en su nombre.
La iniciativa busca fortalecer el derecho de los consumidores a decidir qué comunicaciones comerciales reciben y establecer consecuencias económicas para las empresas que insistan en contactar a personas que no hayan autorizado este tipo de publicidad.
