Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aclaró que no corresponde a este organismo indagar posibles vínculos entre candidatos y el crimen organizado, señalando que esta labor recae en las autoridades judiciales competentes y en el Senado, que es quien realiza la revisión de los perfiles para la elección judicial.
“El Instituto recibe las listas y, tras el acuerdo 8 de 8, estamos obligados a revisar denuncias antes de entregar constancias de mayoría. Pero la indagatoria de presuntos nexos con el crimen es competencia de otras instancias”, explicó Taddei. Subrayó que los expedientes de evaluación fueron elaborados por el Senado y que el INE solo podrá revisar los casos una vez concluidas las elecciones, cuando se verifique la elegibilidad de los ganadores.
La declaración de Taddei se dio luego de que la organización Defensorxs presentara ante el INE cuatro denuncias contra 11 candidatos a jueces y magistrados, a quienes acusan de tener presuntas relaciones con el crimen organizado. Miguel Alfonso Meza, representante del colectivo, aseguró que buscan impedir que estas personas accedan a cargos judiciales, incluso si sus nombres ya aparecen en las boletas electorales.
Entre los señalados destacan Fernando Escamilla Villarreal, exabogado de figuras del narcotráfico como “El Chelelo” y “Z-40”, así como Jesús Humberto Padilla Briones, detenido en 2016 por portar armas y droga. Ambos aspiran a jueces en el estado de Nuevo León.
La organización también alertó sobre siete candidatos presuntamente relacionados con la iglesia de la Luz del Mundo, a la que acusan de formar parte de una red con fines criminales. En ese grupo figura Karina Sánchez Ruiz, exdiputada federal y actual aspirante a magistrada en Oaxaca, quien en el pasado rindió homenajes públicos a Naasón Joaquín García, líder de esa iglesia, hoy encarcelado por delitos de abuso sexual infantil y trata de personas.
Según Defensorxs, los expedientes entregados incluyen desde sentencias por posesión de armas hasta denuncias por secuestro y homicidio. Meza recalcó que el colectivo no tiene facultades de investigación, pero considera que el INE sí podría solicitar a las fiscalías la información necesaria.
Arturo Espinosa, otro integrante del colectivo, criticó la falta de rigor de los Comités de Evaluación en el análisis de perfiles. “Nosotros hicimos el trabajo que ellos no quisieron hacer, con evidencias públicas que estaban al alcance de todos”, denunció.
