Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores en al menos 17 estados del país para exigir que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) revise el acuerdo que establece un nuevo mecanismo de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial.
La movilización comenzó durante la madrugada y también alcanzó distintas sedes de la Ciudad de México, entre ellas San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma. Los inconformes consideran que el esquema genera incertidumbre sobre su estabilidad laboral y la permanencia en sus plazas.
La inconformidad surgió tras la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre. Entre los principales cuestionamientos está la ponderación de los resultados: el examen de conocimientos representa 40 por ciento de la calificación, mientras que el resto depende de otros elementos, incluida la valoración de los superiores jerárquicos.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, señaló que la suspensión de actividades busca que las autoridades dejen sin efectos el acuerdo y establezcan un mecanismo que brinde certeza al personal. La representante sostuvo que el regreso a las oficinas dependerá de que se atienda esa exigencia.
En respuesta, el OAJ aseguró que la primera evaluación, programada para diciembre, tendrá únicamente fines diagnósticos. Por ello, no habrá aprobación ni reprobación y sus resultados no tendrán consecuencias individuales sobre la permanencia o separación de los trabajadores. El organismo explicó que el propósito es identificar fortalezas y necesidades de capacitación para fortalecer el desarrollo profesional.
El procedimiento contempla un curso de capacitación, un examen de conocimientos y evaluaciones de los titulares. El esquema establece una calificación mínima aprobatoria de 80 puntos; quienes obtengan entre 80 y 100 serán evaluados cada dos años. Para quienes alcancen entre 60 y 79 se prevé un curso definido por la Escuela Nacional de Formación Judicial y, en caso de obtener menos de 60 puntos, la posibilidad de presentar un examen extraordinario.
El OAJ también contempla un recurso de revisión para impugnar el procedimiento o las calificaciones, incluso cuando no se acredite el examen extraordinario. La institución reiteró que la evaluación busca fortalecer la carrera judicial y no justificar despidos.
Mientras los trabajadores solicitan modificar las disposiciones, el organismo ha manifestado su disposición al diálogo y sostiene que la evaluación forma parte de las obligaciones legales relacionadas con el desempeño del personal judicial.
