El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con tomar medidas contra los abogados y equipos legales que presenten demandas contra las políticas migratorias implementadas por su administración, como parte de su esfuerzo por ampliar el alcance del poder ejecutivo.
En un memorando firmado el viernes y divulgado este sábado por la Casa Blanca, Trump acusó a los abogados de fomentar un «fraude desenfrenado» y de interponer «reclamaciones sin fundamento» en el sistema migratorio. Por ello, ordenó al Departamento de Justicia que sancione a aquellos que, a su juicio, estén incurriendo en conductas profesionales inapropiadas.
El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a «imponer sanciones a abogados y bufetes que presenten litigios frívolos, sin justificación y perjudiciales para Estados Unidos».
En este contexto, el presidente instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir a la Casa Blanca a los bufetes de abogados para que se les retiren ciertas credenciales y se rescindan los contratos que puedan tener con el Gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha promovido varias demandas contra las políticas de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado.
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como «un nuevo paso» de Trump hacia la erosión del «Estado de derecho» y un intento de «silenciar» a los abogados que buscan hacer que el Gobierno rinda cuentas por violaciones a los derechos civiles.
«Este acto del presidente de Estados Unidos representa un ataque sin precedentes y preocupante a los principios fundamentales de libertad y democracia», expresó Wang.
En este momento, los tribunales federales están revisando más de un centenar de demandas contra las políticas de Trump, muchas de ellas relacionadas con inmigración.
Un juez, por ejemplo, falló en contra de su intento de denegar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.
Desde que asumió nuevamente la presidencia el 20 de enero, Trump ha gobernado en gran medida mediante órdenes ejecutivas, buscando ampliar los poderes del Ejecutivo y desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.
