Más de un centenar de universidades y centros educativos en Estados Unidos alzaron la voz este martes para rechazar lo que califican como una “interferencia política sin precedentes” por parte del presidente Donald Trump. La protesta colectiva fue formalizada a través de una carta conjunta en la que condenan las acciones del mandatario, especialmente tras la reciente demanda presentada por la Universidad de Harvard contra su administración.
Las tensiones se intensificaron luego de que el gobierno federal amenazara con retirar fondos a Harvard y someterla a una supervisión política externa, alegando supuestas violaciones a la ley federal. La carta firmada por las instituciones educativas señala que están dispuestas a aceptar reformas razonables y supervisión gubernamental legítima, pero rechazan cualquier intento de coerción o uso político de los recursos públicos destinados a la educación e investigación.
“Debemos oponernos a la intromisión indebida del gobierno y a la utilización de fondos públicos como herramienta de presión”, afirmaron los firmantes.
La Casa Blanca, por su parte, defendió su postura. La portavoz Karoline Leavitt declaró que Harvard, al no cumplir con la ley federal, se ha colocado en una situación en la que podría perder su financiamiento, y advirtió que esta medida podría extenderse a cualquier universidad que reciba fondos públicos y no se ajuste a las normas federales.
El trasfondo del conflicto incluye las acusaciones del presidente Trump contra diversas universidades a las que acusa de permitir manifestaciones antisemitas en sus campus, además de criticarlas por lo que considera una inclinación excesiva hacia posturas de izquierda. Entre las acciones más controversiales del gobierno está la amenaza de revocar beneficios fiscales y restringir la matrícula de estudiantes internacionales.
Algunas instituciones, como la Universidad de Columbia, ya han optado por ceder ante las presiones del gobierno federal. Sin embargo, en el caso de Harvard, la administración Trump busca ejercer un nivel de control interno sin precedentes, lo que ha generado un amplio rechazo en el ámbito académico y ha avivado el debate sobre la autonomía universitaria frente al poder político.
