El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa, luego de una audiencia en la que participaron como víctimas indirectas familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
La diligencia se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde el juez de control Mario Elizondo Martínez encabezó una audiencia que se prolongó durante varias horas y en la que llamó al orden tanto a los representantes de la Fiscalía General de la República como a los abogados de la defensa.
Al inicio de la audiencia se incorporaron 13 padres y madres de los normalistas desaparecidos, cinco de ellos de manera presencial y ocho mediante videoconferencia, acompañados por sus respectivos representantes legales.
Durante el proceso, la defensa de Aguirre Rivero presentó 31 datos de prueba para sostener que el exmandatario no ordenó ocultar ni destruir los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, relacionados con la detención de los estudiantes el 26 de septiembre de 2014.
Las acusaciones se relacionan con declaraciones de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Osorio, exvisitadora general del Consejo de la Judicatura Estatal, quienes señalaron la presunta desaparición de material videográfico.
Estrada Osorio declaró recientemente ante la FGR que habría sustraído discos con las grabaciones de la oficina de Galeana Marín y que posteriormente, el 29 de septiembre de 2014, los habría entregado a Aguirre Rivero en Chilpancingo.
Tras la resolución judicial, el exgobernador fue trasladado nuevamente al penal de máxima seguridad del Altiplano. Antes de su reingreso, recibió a distancia el apoyo de su esposa, Laura Rocío, quien acudió a acompañarlo durante el proceso.
La vinculación a proceso implica que continuará el procedimiento judicial en su contra mientras se desarrolla la investigación correspondiente, sin que esta resolución determine por sí misma su responsabilidad penal definitiva.
