Tras un extenso debate de 22 horas, una jueza federal determinó esta mañana vincular a proceso a cuatro exfuncionarios del gobierno de Michoacán bajo la administración de Silvano Aureoles Conejo. Los acusados fueron detenidos hace una semana y enfrentan cargos por un presunto desfalco de 3 mil 412 millones de pesos en la edificación de siete cuarteles destinados a la Guardia Civil estatal.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Oriente, donde la jueza de control Patricia Sánchez Nava rechazó las pruebas presentadas por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSPC. Los cuatro quedaron sujetos a proceso por delitos como peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la audiencia, los abogados defensores presentaron peritos en áreas como grafología y lavado de dinero, así como diversos documentos, con el fin de desvirtuar las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR), la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia.
En el caso de Carlos Maldonado Mendoza, su defensa argumentó que su papel se limitó a aprobar ciertos pagos a la empresa Inmobiliaria DIP, propiedad de Joaquín Martínez del Campo, la cual arrendó los terrenos para los cuarteles y posteriormente vendió los inmuebles al gobierno estatal.
