Constitucionalistas alertaron sobre una grave transgresión a la Carta Magna tras la designación de un censor judicial al medio digital Tribuna de Campeche, al considerar que esta acción vulnera directamente los artículos sexto y séptimo, que garantizan la libre manifestación de ideas y el derecho a emitir opiniones sin censura previa.
Marco Antonio Zeind Chávez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que “la Constitución es clara: nadie puede estar sujeto a una censura previa ni a una inquisición judicial”, señalando que la medida impuesta representa un retroceso en los derechos fundamentales.
Por su parte, Raúl Contreras Bustamante, también constitucionalista y exdirector de la misma facultad, calificó el caso como preocupante y advirtió que este tipo de acciones podría replicarse en otras regiones del país. Según él, se está aprovechando el contexto político y la falta de pleno funcionamiento del Poder Judicial para que los tribunales electorales tomen decisiones que rebasan sus competencias.
“El derecho a la libertad de expresión no se nos ha concedido gratuitamente; es el resultado de luchas históricas, sociales y hasta sangrientas. Por eso debemos defenderlo con firmeza”, subrayó Contreras.
Mientras tanto, se anticipa que a principios de septiembre, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa legislativa con el objetivo de reforzar las garantías constitucionales vinculadas a la libertad de expresión en el país.
