El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus protocolos de transparencia y dejará de informar sobre los fallecimientos de personas que hayan sido liberadas recientemente de sus centros de detención, una decisión que ha generado preocupación entre especialistas en salud pública y derechos humanos.
La medida elimina una disposición establecida en 2021 durante la administración del entonces presidente Joe Biden, la cual obligaba a la agencia a notificar al Congreso e investigar cualquier muerte ocurrida dentro de los 30 días posteriores a la liberación de un detenido. Dicha política buscaba evitar que situaciones relacionadas con negligencia médica o problemas de salud graves quedaran fuera del escrutinio público una vez que las personas abandonaban la custodia migratoria.
Expertos señalaron que en años anteriores se registraron casos de migrantes que fueron liberados en condiciones críticas de salud y fallecieron poco tiempo después, por lo que el seguimiento posterior a su salida permitía evaluar posibles fallas en la atención recibida dentro de los centros de detención.
Entre las voces críticas se encuentra el doctor Homer Venters, exdirector médico del sistema penitenciario de Nueva York, quien advirtió que monitorear las muertes posteriores a la liberación es una práctica habitual en instituciones de salud y sistemas de reclusión para identificar deficiencias en los cuidados médicos.
Según Venters, dejar de registrar estos casos podría impedir la detección de problemas estructurales y dificultar la identificación de brotes o fallas en los servicios de atención sanitaria.
La modificación fue revelada inicialmente por The Washington Post y posteriormente confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dependencia encargada de supervisar las operaciones del ICE.
En un comunicado, el DHS argumentó que la actualización responde a un criterio de responsabilidad institucional, señalando que una vez que una persona deja de estar bajo custodia de la agencia, esta ya no tiene obligación de monitorear o investigar acontecimientos posteriores, incluidos los fallecimientos.
No obstante, la dependencia aseguró que continuará reportando e investigando las muertes ocurridas mientras los detenidos permanezcan bajo su resguardo. Hasta ahora, el texto completo de la nueva política no ha sido difundido públicamente.
La decisión surge en un contexto de aumento en el número de fallecimientos registrados dentro del sistema de detención migratoria. Datos oficiales indican que al menos 18 personas han muerto bajo custodia del ICE desde enero de este año, una cifra que podría superar el total registrado durante 2025, considerado ya el más elevado en las últimas dos décadas.
Especialistas han alertado sobre el incremento de suicidios y han señalado que algunas muertes atribuidas a causas naturales pudieron haberse evitado mediante diagnósticos oportunos o tratamientos adecuados.
El epidemiólogo Sanjay Basu, investigador de la Universidad de California en San Francisco, consideró que la nueva política podría generar una percepción errónea sobre la situación real dentro de los centros migratorios.
A su juicio, muchas consecuencias derivadas de una atención médica insuficiente no se manifiestan de inmediato y pueden aparecer días o semanas después de la liberación de una persona, por lo que excluir esos casos de los registros oficiales reduciría artificialmente las estadísticas de mortalidad.
Actualmente, la red nacional de centros de detención del ICE alberga a más de 60 mil personas, una cifra significativamente superior a la registrada al inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. La agencia sostiene que los migrantes bajo su custodia reciben atención médica integral y rechaza las acusaciones de negligencia.
Días antes de hacerse público el cambio de política, autoridades del Departamento de Seguridad Nacional informaron que durante mayo no se registró ninguna muerte de personas detenidas por ICE, el primer mes sin fallecimientos reportados desde noviembre del año pasado.
Funcionarios de la dependencia insistieron en que las muertes bajo custodia continúan siendo eventos poco frecuentes dentro del sistema migratorio estadounidense.
