La LXI Legislatura del estado presentó los resultados obtenidos durante el ejercicio de Parlamento Abierto realizado para enriquecer la propuesta de una nueva Ley de Aguas para Querétaro, un proceso que reunió a especialistas, organizaciones civiles, académicos, activistas y representantes ciudadanos interesados en el futuro de la gestión hídrica de la entidad.
El informe fue dado a conocer por el diputado Eric Silva Hernández, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, quien destacó que el objetivo principal fue generar una legislación construida a partir de la participación social y del conocimiento técnico, científico y académico.
Durante su intervención, el legislador afirmó que las aportaciones recabadas permitirán diseñar un marco legal que atienda los retos actuales relacionados con el abastecimiento, la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua en el estado.
Asimismo, anunció que el proceso de consulta continuará mediante foros regionales que permitirán ampliar la participación ciudadana y fortalecer la propuesta legislativa antes de su discusión final en el Congreso local.
Silva Hernández aseguró que las conclusiones obtenidas durante las mesas de trabajo serán defendidas en las etapas posteriores del análisis legislativo para garantizar que las preocupaciones y propuestas expresadas por la ciudadanía queden reflejadas en el dictamen final.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Sinuhé Piedragil Ortiz, señaló que el crecimiento acelerado de Querétaro obliga a replantear la política hídrica de largo plazo y a establecer mecanismos que permitan asegurar el suministro para las futuras generaciones.
Indicó que factores como la expansión urbana, el incremento poblacional y proyectos estratégicos de infraestructura, entre ellos el tren México-Querétaro, exigen una planeación integral de los recursos hídricos y de los servicios públicos asociados.
La diputada Andrea Tovar Saavedra destacó que el Parlamento Abierto permitió incorporar diversas perspectivas sobre el manejo del agua, fortaleciendo la construcción de una ley que priorice el derecho humano al acceso al recurso, la protección ambiental y la sustentabilidad.
Entre los principales desafíos identificados durante las discusiones se encuentran la creciente presión sobre los acuíferos, la contaminación de fuentes de abastecimiento, las sequías recurrentes y el aumento de la demanda derivado del crecimiento demográfico.
Uno de los temas que generó mayor consenso fue el relacionado con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. De acuerdo con los resultados presentados, más del 80 por ciento de los participantes manifestó su respaldo a poner fin a los esquemas de privatización en este sector, mientras que una menor proporción consideró necesario fortalecer los mecanismos de regulación y supervisión.
En cuanto al uso de aguas residuales tratadas para consumo humano, las opiniones se concentraron principalmente en establecer restricciones más estrictas o incluso prohibir esta práctica, privilegiando criterios de salud pública y calidad del agua.
Las mesas de trabajo también abordaron temas vinculados con las tarifas, la transparencia financiera y la participación ciudadana. Entre las propuestas más destacadas figuran una mayor vigilancia sobre el manejo de los recursos de la Comisión Estatal de Aguas, la revisión de subsidios, la incorporación de criterios ambientales en los esquemas tarifarios y la limitación de nuevas actividades industriales de alto consumo en regiones con escasez del recurso.
En materia ambiental, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de cuencas y zonas de recarga de acuíferos, además de incorporar estudios técnicos obligatorios en los procesos de ordenamiento territorial para garantizar una gestión más eficiente y sostenible del agua.
La presentación de resultados contó además con la participación de especialistas y representantes de organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, la protección ambiental y la gestión hídrica, quienes coincidieron en que la futura legislación debe construirse bajo principios de sustentabilidad, transparencia y amplia participación social.
