La guerra que enfrenta al ejército de Sudán con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se mantiene alimentada por redes internacionales que proporcionan armas, tecnología, entrenamiento y personal militar, advirtió una investigación respaldada por Naciones Unidas.
El conflicto comenzó en abril de 2023 y ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La violencia ha dejado al menos 59 mil muertos y obligado a más de 14 millones de personas a abandonar sus hogares, mientras distintas regiones del país enfrentan condiciones cercanas a la hambruna.
La investigación identificó una red transnacional en la que estarían involucradas personas y empresas vinculadas con Emiratos Árabes Unidos, Chad, Libia y Somalia. Según los hallazgos, esta estructura habría facilitado a las FAR armamento, equipo, logística, entrenamiento y personal extranjero.
Entre los elementos señalados destaca la participación de contratistas colombianos especializados en sistemas avanzados de armas y drones. Los investigadores estiman que hasta 2 mil colombianos habrían participado en operaciones relacionadas con estos sistemas utilizados por las fuerzas paramilitares.
Emiratos Árabes Unidos ha rechazado de manera reiterada las acusaciones de proporcionar respaldo militar a las FAR. Chad y Colombia también han negado las acusaciones relacionadas con su participación estatal en el conflicto, mientras que algunos de los países mencionados no han proporcionado respuestas sustantivas a los investigadores. Ni el ejército sudanés ni las FAR han colaborado con la investigación de Naciones Unidas.
El informe también documentó la creciente utilización de drones en el conflicto. Durante los primeros cinco meses de 2026, más de mil personas murieron en ataques con estos aparatos, mientras que las capacidades de combate a distancia permitieron a ambos bandos atacar zonas alejadas de las líneas de combate.
Los investigadores señalaron que existen indicios de ataques con drones contra hospitales, escuelas, mercados y sitios donde se concentran personas desplazadas. Algunas de estas acciones podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario y posibles crímenes de guerra.
La investigación también encontró evidencias de que drones y municiones suministrados desde el extranjero han incrementado la capacidad de ataque del ejército sudanés. Los especialistas aclararon, sin embargo, que el análisis sobre el apoyo externo recibido por las fuerzas militares todavía se encuentra en una etapa preliminar.
Uno de los episodios señalados ocurrió entre mayo y julio de 2026, cuando ataques con drones atribuidos a las FAR dañaron instalaciones eléctricas y de combustible en El Obeid, capital de Kordofán del Norte. Las agresiones afectaron servicios esenciales como el suministro de agua y la atención sanitaria.
El informe también documentó un ataque contra el Hospital Universitario de Ad-Da’ein, en Darfur Oriental, en el que al menos 70 personas murieron, según los investigadores.
Ante el papel que desempeña el suministro internacional de armamento y tecnología en la prolongación de la guerra, la misión de Naciones Unidas pidió ampliar a todo Sudán el embargo de armas que actualmente se aplica a Darfur.
Estados Unidos, por su parte, ha impulsado una propuesta de resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para establecer nuevas sanciones y exigir el fin del apoyo militar, financiero y logístico a las partes enfrentadas.
Los investigadores consideran que limitar el flujo de armas, combatientes, financiamiento y tecnología es fundamental para reducir la capacidad de los grupos en conflicto y abrir espacio a los esfuerzos diplomáticos encaminados a poner fin a la guerra.
