El Gobierno de Brasil integrará un expediente con denuncias de amenazas y agresiones contra comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, presuntamente relacionadas con represalias por los resultados de las recientes elecciones presidenciales, y lo entregará a la Policía Federal para profundizar las investigaciones.
El ministro de los Pueblos Indígenas, Eloy Terena, encabezó una misión interministerial enviada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para escuchar a habitantes de dos comunidades guaraní kaiowá. Durante la visita, realizada en el municipio de Coronel Sapucaia, los funcionarios recopilaron testimonios sobre distintos episodios de violencia, entre ellos amenazas de envenenar el agua que abastece a las aldeas. La comitiva también tenía previsto acudir a la comunidad de Sassoró, en Tacuru.
La intervención federal se produjo después de que circularan grabaciones atribuidas a dos empleados del gobierno municipal de Tacuru, en las que uno de ellos planteaba contaminar el agua consumida por la población indígena. El ayuntamiento confirmó que ambos trabajaban para la administración y anunció su separación temporal mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.
Aunque los primeros análisis descartaron contaminación en los pozos que abastecen a las comunidades, la Policía Federal mantiene abierta una investigación sobre las amenazas. También se conformó un grupo de trabajo con participación de corporaciones federales y de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para esclarecer los hechos y reforzar la protección de los habitantes.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) reportó más de 30 denuncias de violencia en Mato Grosso do Sul relacionadas con el proceso electoral. Entre los casos mencionados figuran amenazas de muerte, agresiones y atropellamientos, además del incendio de la casa de oración de Ñandesy Roberta, una líder espiritual de 90 años, en la aldea Jaguapiré.
Las autoridades también revisan reportes sobre fallecimientos en la región, aunque la Fiscalía indicó que, en uno de los casos, no encontró elementos para confirmar que las víctimas pertenecieran a comunidades indígenas.
Las investigaciones buscarán determinar si las agresiones tuvieron motivaciones políticas o si están vinculadas con los conflictos históricos por la propiedad y delimitación de territorios indígenas en esa zona del país.
