Legisladores republicanos de todo Estados Unidos ya emprendían labores para que sus estados se involucren más en la aplicación de leyes de inmigración cuando la Corte Suprema federal le permitió, aunque fuera brevemente, a Texas implementar una nueva medida que le otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes sospechosos de haber ingresado al país de manera ilegal.
Horas después del fallo de la Corte Suprema del martes, otro tribunal bloqueó nuevamente la ley de Texas. Ese mismo día, Iowa aprobó una medida similar.
En Nueva Hampshire, los legisladores están cerca de aprobar un proyecto de ley que permite a la policía presentar cargos por invasión de propiedad privada contra las personas sospechosas de entrar ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá.
Los republicanos de Georgia han impulsado una propuesta que obliga a las ciudades y condados elegibles a buscar acuerdos para llevar a cabo algunos controles relacionados con la inmigración en las cárceles con el objetivo de colaborar con al gobierno federal.
Mientras tanto, está por verse si algunos de los estados gobernados por republicanos, muchos de los cuales están impulsando distintas medidas y enviando a sus elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur del país, adoptarán leyes como la de Texas, sobre todo si el estado resulta favorecido por otro fallo judicial.
Los legisladores de Tennessee están cerca de definir el futuro de una propuesta para obligar a las agencias policiales del estado a que estén en contacto con las autoridades federales de inmigración si encuentran a personas que están en el país de manera ilegal.
En Tennessee, un proyecto de ley que obligaría a las autoridades a compartir información sobre la situación migratoria de una persona con sus contrapartes federales está a un voto de la aprobación.
Otra iniciativa en comisión permitiría a los jueces condenar a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a una persona que se encuentre ilegalmente en el país por un delito violento con arma letal o cometido en propiedad escolar. Una tercera tipificaría como delito menor el traslado, a sabiendas o por imprudencia, de una persona indocumentada.
