Integrantes del colectivo “Soy papá, no criminal” realizaron una manifestación en la Unidad 4 de la fiscalía, especializada en violencia familiar y delitos sexuales, donde presentaron un documento con diversas propuestas de carácter jurídico y operativo.
Entre sus principales solicitudes plantearon la creación de una figura legal similar a la violencia vicaria cuando el afectado sea un hombre, además de protocolos para detectar denuncias instrumentales, garantizar el cumplimiento de convivencias familiares y aplicar sanciones en casos de acusaciones falsas.
Durante la movilización, los participantes señalaron que buscan condiciones de acceso equitativas dentro de las instituciones, así como mayor coordinación con organismos encargados de atención a víctimas. También pidieron capacitación con enfoque en infancia e igualdad parental.
Asimismo, solicitaron revisar sentencias relacionadas con abuso sexual infantil que, según su postura, no cuentan con elementos suficientes de corroboración.
Diana Arlette Chávez, vocera de Feminismo Para Todas MX, sostuvo que las denuncias falsas representan menos del uno por ciento del total y consideró que este tipo de protestas podría desviar la atención de la violencia que enfrentan las mujeres.
Por su parte, Clara Aguayo, representante del colectivo de hombres, indicó que acompañan casos tanto en materia familiar como penal y aseguró que dentro de la fiscalía se han resuelto más de 20 asuntos vinculados con hombres.
No obstante, reconoció que no existe un registro global sobre denuncias falsas ni de carpetas relacionadas específicamente con estos casos. También señaló que han identificado más de 200 expedientes ligados a personas cercanas a su organización.
Sobre el acompañamiento a víctimas, integrantes del colectivo afirmaron que brindan apoyo tanto a hombres como a mujeres y que en algunos asuntos han contado con respaldo institucional.
En contraste, Diana Chávez argumentó que las fiscalías especializadas en atención a mujeres responden a una problemática documentada de violencia sistemática y se sustentan en datos oficiales.
En el ámbito legal, recordaron que el Código Penal del Estado de Querétaro ya contempla castigos por denuncias falsas. El artículo 297 establece penas de seis meses a cinco años de prisión, además de sanciones económicas, para quien acuse hechos inexistentes ante la autoridad.
Finalmente, también se mencionó que dentro del movimiento participan personas con procesos penales abiertos o sentencias por violencia sexual infantil, situación que ha generado preocupación respecto a posibles afectaciones en el acceso a la justicia.
