La Legislatura del Estado de Querétaro analiza una posible reforma para castigar la obstrucción ilegal de vialidades y carreteras estratégicas en la entidad, propuesta que busca garantizar la movilidad, la actividad económica y la seguridad de terceros afectados por bloqueos prolongados.
El planteamiento fue adelantado por el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, quien argumentó que actualmente existe una falta de aplicación de la legislación federal relacionada con ataques a las vías generales de comunicación.
El legislador sostuvo que cierres carreteros prolongados pueden afectar el traslado de trabajadores, estudiantes, mercancías, servicios médicos y actividades económicas esenciales, además de generar riesgos en materia de seguridad pública.
La propuesta surge en medio de un contexto nacional donde los bloqueos carreteros han sido utilizados de manera recurrente como mecanismo de presión en conflictos sociales, laborales y comunitarios.
Sin embargo, la discusión ha abierto un debate jurídico respecto al equilibrio entre el derecho a la libre manifestación y la protección de la movilidad y los derechos de terceros.
Especialistas en derecho constitucional han señalado que cualquier reforma estatal deberá ajustarse a los límites establecidos por la Constitución mexicana y por criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en lo relacionado con la libertad de expresión y de reunión.
Los artículos 6 y 9 de la Constitución reconocen el derecho a manifestarse y asociarse libremente, mientras que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que el uso del derecho penal contra manifestaciones debe aplicarse únicamente de manera excepcional y proporcional.
A pesar de ello, también existen posturas que respaldan la regulación de ciertos bloqueos cuando estos impiden el acceso a hospitales, servicios de emergencia, alimentos o infraestructura considerada estratégica.
El diputado promotor de la iniciativa aseguró que la intención no es criminalizar las protestas sociales, sino evitar afectaciones graves derivadas de cierres prolongados en carreteras y vialidades importantes.
Asimismo, señaló que países europeos como Alemania, Francia y España cuentan con mecanismos legales para sancionar bloqueos que comprometan infraestructura clave, aunque especialistas recuerdan que en esos casos también existen protocolos específicos de mediación y protección a los derechos de manifestantes.
Entre los principales retos de la propuesta estará definir con claridad qué conductas podrían considerarse como “obstrucción ilícita” y evitar interpretaciones ambiguas que pudieran afectar movilizaciones pacíficas o protestas legítimas.
Hasta ahora, la iniciativa permanece en etapa de análisis y todavía no ha sido presentada formalmente ante el pleno del Congreso estatal.
