El dirigente estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango, cuestionó la actuación de las autoridades federales frente al llamado huachicol fiscal y planteó la necesidad de esclarecer cómo pudieron mantenerse durante años operaciones de contrabando de combustibles sin una detección oportuna.
El señalamiento surge a partir de estimaciones que ubican en 3.1 billones de pesos el valor del combustible que habría sido movilizado mediante esquemas de contrabando entre 2018 y 2025. Arango consideró necesario determinar qué mecanismos de supervisión funcionaron y cuáles pudieron presentar fallas.
El líder panista también hizo referencia a investigaciones relacionadas con Jorge Amílcar Olán y empresas de su entorno, entre ellas Portacelis Gas and Oil, vinculadas públicamente con presuntas irregularidades en operaciones de combustibles. Subrayó que corresponde a las autoridades investigar los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades que procedan.
Uno de los cuestionamientos se centró en el desempeño de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el periodo señalado. Arango planteó que debe esclarecerse si las irregularidades estuvieron relacionadas con deficiencias en los sistemas de vigilancia o con posibles omisiones deliberadas.
Añadió que una investigación integral debe permitir conocer cómo operaban estas redes, qué instituciones tuvieron conocimiento de sus actividades y si existieron responsabilidades administrativas o penales.
Las estimaciones sobre el valor del combustible presuntamente involucrado no representan por sí mismas el monto de ganancias ilícitas. Del mismo modo, las investigaciones o denuncias mencionadas no implican que las personas o empresas señaladas hayan sido declaradas responsables de algún delito.
