La decisión del gobierno de Texas de declarar como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo abrió un nuevo punto de atención en la relación fronteriza con México. Ante esta medida, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que los límites territoriales entre ambos países están establecidos en acuerdos internacionales y no pueden modificarse por determinación unilateral de una autoridad estatal.
La Cancillería mexicana señaló que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal. La identificación de la soberanía sobre las islas corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo encargado de aplicar los acuerdos binacionales y determinar su ubicación respecto de la línea divisoria.
El tratado también contempla restricciones a las obras que puedan modificar o bloquear el flujo natural del río, por lo que México mantendrá vigilancia sobre cualquier intervención en la zona. La SRE reiteró que atenderá el asunto mediante los mecanismos institucionales y el diálogo entre ambos países.
La medida fue anunciada por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, quien explicó que la declaratoria busca facilitar la vigilancia de esos terrenos y evitar que sean utilizados por organizaciones criminales para el tráfico de personas y drogas.
La Oficina General de Tierras de Texas realizó una revisión después de recibir una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que pidió analizar la situación de 28 islas consideradas presuntamente sin propietario. Como resultado, las autoridades texanas determinaron que nueve de ellas corresponden al estado.
Buckingham informó que se notificará a las corporaciones de seguridad sobre la nueva condición de los terrenos para facilitar su patrullaje y supervisión. Sin embargo, la determinación sobre la propiedad estatal de las islas no sustituye los procedimientos binacionales necesarios para establecer su situación respecto de la frontera internacional.
El caso coloca nuevamente en el centro de la agenda fronteriza la relación entre seguridad y soberanía territorial, así como la aplicación de los acuerdos que regulan el Río Bravo.
