El Gobierno de México anunció que, a partir del 13 de julio, iniciará acciones penales y civiles en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos presuntamente relacionadas con operativos y centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con la Cancillería, se presentará una denuncia por homicidio por cada uno de los 17 mexicanos fallecidos. Según la información oficial, tres de ellos murieron por disparos y los otros 14 perdieron la vida en centros de detención administrados por empresas privadas contratadas por el ICE.
Además de las denuncias penales, el Gobierno mexicano promoverá procedimientos civiles contra las compañías responsables de operar dichos centros, al considerar que existe responsabilidad en las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos.
Las autoridades señalaron que esta decisión se tomó después de haber realizado 11 solicitudes diplomáticas sin obtener una respuesta satisfactoria por parte de las instancias estadounidenses.
La especialista en temas migratorios y directora de la organización Agenda Migrante, Eunice Rendón, consideró que la estrategia legal podría ser más efectiva que la vía diplomática, al señalar que los procesos judiciales tienen la capacidad de obligar a las autoridades estadounidenses a modificar sus actuaciones.
No obstante, advirtió que los procedimientos podrían prolongarse debido a los tiempos del sistema judicial de Estados Unidos, aunque confió en que contribuyan a esclarecer los casos y mejorar las condiciones en los centros de detención.
De acuerdo con la información difundida, bajo la actual administración estadounidense se han registrado 53 fallecimientos relacionados con intervenciones de la policía migratoria, por lo que las acciones anunciadas por México podrían abrir la puerta a nuevos procesos legales colectivos.
