El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue sentenciado este miércoles en Nueva York a 45 años de prisión y una multa de 8 millones de dólares por facilitar que narcotraficantes usaran al ejército y a la policía de su país para traficar cocaína a Estados Unidos.
El juez P. Kevin Castel, del tribunal federal de Manhattan, dictó la sentencia tras un juicio de dos semanas en el que Hernández fue declarado culpable en marzo. Durante el juicio, se demostró que Hernández había utilizado a las fuerzas de seguridad hondureñas para proteger el tráfico de drogas, a pesar de su imagen pública como luchador contra el narcotráfico.
Hernández, quien insistió en su inocencia y afirmó haber sido acusado injustamente, se presentó en la corte como un aliado de las autoridades antidrogas estadounidenses. Sin embargo, el juez Castel señaló que las pruebas del juicio mostraban que Hernández era un «político de dos caras» que protegía a un grupo selecto de traficantes para mantener su poder político.
El expresidente, de 55 años, que gobernó Honduras durante dos periodos consecutivos, fue arrestado en su casa en Tegucigalpa tres meses después de dejar el cargo en 2022 y extraditado a Estados Unidos en abril de ese año. Los fiscales argumentaron que Hernández había colaborado con narcotraficantes desde 2004, recibiendo millones de dólares en sobornos.
Durante el juicio, testigos narcotraficantes, responsables de múltiples asesinatos, testificaron que Hernández protegía a poderosos distribuidores de cocaína, incluidos asociados de Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien también está cumpliendo una cadena perpetua en Estados Unidos. El juez Castel mencionó que Guzmán había sobornado al hermano de Hernández, Juan Antonio «Tony» Hernández, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2021 por cargos de narcotráfico.
Hernández, visiblemente afectado, salió de la corte cojeando y con la ayuda de un bastón, después de estrechar la mano de su abogado. La fiscalía había solicitado una sentencia de cadena perpetua más 30 años, pero finalmente se dictaron 45 años de prisión.
El expresidente defendió su inocencia hasta el final, afirmando que no se le permitió presentar pruebas cruciales durante el juicio y que estaba siendo perseguido tanto por narcotraficantes como por políticos adversarios.
