A una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por el estancamiento de la investigación y el debilitamiento de la estructura institucional creada para resolver el caso.
El organismo internacional subrayó que siguen existiendo obstáculos, especialmente en lo que respecta a la entrega de información por parte de las fuerzas de seguridad, según señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su último informe. Además, persiste un «pacto de silencio» que impide identificar a los responsables de la desaparición y aquellos que los han encubierto.
En este escenario, la CIDH reconoció el compromiso de la próxima administración con la resolución de este emblemático caso. «Para superar los retos en la investigación, es fundamental mantener un diálogo honesto y transparente entre todas las partes involucradas, incluyendo a las familias de los desaparecidos y sus representantes legales. Es clave fortalecer la confianza entre las familias y las autoridades, siempre centrando a las víctimas como el punto focal», manifestó la CIDH.
La Comisión reiteró que continuará monitoreando el cumplimiento de la medida cautelar otorgada en 2014 y expresó su disposición para ofrecer asistencia técnica a las autoridades mexicanas. Asimismo, reafirmó su compromiso de acompañar a las familias en su lucha por la verdad y la justicia.
El 3 de octubre de 2014, poco después de la desaparición de los estudiantes, la CIDH emitió la medida cautelar 409/14, que sigue vigente. Esta medida exige al Estado mexicano esclarecer el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos y brindar apoyo a los sobrevivientes. Desde entonces, la CIDH ha estado acompañando el caso de cerca, apoyando en la búsqueda de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los responsables.
En estos diez años, la CIDH, en cumplimiento de su mandato en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha instalado el GIEI y más tarde el Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) para supervisar la implementación de la medida cautelar y las recomendaciones del GIEI y la Comisión.
