A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Amnistía Internacional señaló que continúa pendiente la entrega de información militar relacionada con el caso, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó haber negado atención a las familias durante las recientes protestas.
Amnistía Internacional sostuvo que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene sin entregar información correspondiente a 853 folios generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), con sede en Iguala, Guerrero. El organismo recordó que existe una resolución judicial que ordena proporcionar esa documentación.
La organización consideró que estos documentos son relevantes para el esclarecimiento de la desaparición de los estudiantes y señaló que la falta de información, junto con otros hechos como el borrado de grabaciones de cámaras del Palacio Municipal de Iguala, debe ser investigada para determinar si hubo pérdida de evidencias o posibles acciones de encubrimiento.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, llamó al gobierno federal a garantizar que la información relacionada con el caso sea entregada en su totalidad y que las nuevas investigaciones contemplen todas las líneas pendientes.
El organismo también destacó el trabajo realizado durante estos años por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense, además de las organizaciones que han acompañado a las familias.
En paralelo, la CNDH rechazó las acusaciones de haber negado atención a madres y padres de los normalistas durante la manifestación realizada el 24 de septiembre frente a sus instalaciones. El organismo sostuvo que su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, mantiene disposición para reunirse con las familias y atender sus planteamientos.
La comisión también informó que su Recomendación 208VG/2026, emitida en julio, aún no ha sido aceptada por las autoridades a las que fue dirigida, entre ellas la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República.
La CNDH defendió el contenido de su recomendación y afirmó que sus conclusiones se basan en la investigación realizada dentro de sus atribuciones y en la información proporcionada por autoridades señaladas en el expediente. El organismo precisó que sus facultades se limitan a investigar violaciones a derechos humanos, emitir recomendaciones y aportar elementos a las autoridades competentes, sin sustituir las funciones del Ministerio Público o de los tribunales.
Las posturas encontradas se presentan mientras continúan las exigencias de las familias para esclarecer el paradero de los estudiantes. En el aniversario número 12, la CIDH también llamó al Estado mexicano a preservar los avances alcanzados y profundizar las investigaciones para determinar la suerte o paradero de los normalistas.
La comisión interamericana señaló además que los hechos aún no han sido esclarecidos y planteó que las investigaciones deben considerar, entre otros aspectos, la posible responsabilidad dentro de las cadenas de mando y la actuación de autoridades de seguridad y procuración de justicia.
